Según informó el Ministerio del Interior a la pregunta parlamentaria de Tomás Cabezón, la Guardia Civil formuló 36 denuncias «por diversas infracciones recogidas en la Ley 4/2015 de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, siendo posteriormente la autoridad con competencia sancionadora la encargada de incoar los correspondientes expedientes, así como de graduar e imponer las sanciones que pudieran corresponder». Así, la Subdelegación recibió 27 denuncias relacionadas con los hechos, si bien hasta la fecha se han incoado 24 expedientes sancionadores. 15 de las denuncias han sido tipificadas como faltas graves por la infracción del artículo 36,6 de la mencionada ley de protección de seguridad ciudadana, proponiendo la imposición de una sanción de 601 euros, el mínimo aplicable a una infracción grave, y las nueve restantes lo han sido por la infracción del artículo 37,4, con una propuesta de sanción de 100 euros, el mínimo aplicable a una infracción leve. No obstante, el movimiento 6-F recurrirá todas las denuncias ante el juzgado de forma conjunta, una vez concluya el primer periodo de alegaciones, según volvió a recordar ayer el portavoz del grupo en Soria, Miguel Ángel Aguilera, porque las consideran «desproporcionadas» y porque el único objetivo de sus manifestaciones era defender su «medio de vida», además de «garantizar la seguridad alimentaria de los ciudadanos», según aseguró Irene LLorente en Heraldo Diario de Soria