El Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz aprobó en la última sesión ordinaria celebrada en la noche del pasado lunes el presupuesto para el próximo ejercicio 2023 que supera los seis millones de euros, con los votos a favor de PSOE y PPSO y la abstención del PP, y que tendrá un 57% destinado a inversión.
Las cuentas para el próximo ejercicio ascienden a 6.101.666,67 euros, de los que el 57% se destinará a inversión directa con una partida de 3.523.883,37 euros, y con dos partidas que rondan el millón de euros, la destinada a gasto de personal que alcanza los 959.822,67 y la de gastos en bienes corrientes que supone 982.913 euros.
Algunas de estas inversiones se podrán realizar gracias a las subvenciones que recibirá el Consistorio dentro de distintos programas para la ejecución de diversas obras, y que se reflejan en la partida de transferencias de capital de los ingresos superando los tres millones de euros, a los que se añaden los impuestos, directos e indirectos que superan los 1.2 millones.
En cuanto a las inversiones la mayor partida estará destinada al proyecto de sostenibilidad turística en destino que tiene previsto una partida de 1.570.594 euros para el próximo año y le siguen las obras de urbanización del polígono Las Naves con 1.136.971,72 euros, destacando también la segunda fase de redes en calle Herradores y otras con cerca de 160.000 euros, las obras de mejora de la eficiencia en el alumbrado público con 173.000 euros, las instalaciones de autoconsumo con 154.000 o la reforma en las piscina municipales con 107.250 euros. También se han contemplado obras de infraestructuras en barrios por 107.000 euros o en centros sociales por casi 64.000 a lo que se suman mejoras del alumbrado, medioambiente, parques y jardines y equipamiento oficina con otros 52.000 euros.
Además, algunas de estas obras están sujetas a líneas de ayuda y se trata de inversiones plurianuales, como es el caso del proyecto de eficiencia energética, dentro del programa DUS que se divide entre 2023 y 2024 y que supone en cada anualidad una inversión de 173.000 euros, de las que el 85% es aportación del Estado y el resto municipal. De igual manera ocurre con las ayudas de autoconsumo solicitadas al IDEA con anualidades de 153.500 euros y un 15% de aportación municipal o el Proyecto para turismo que se extiende hasta 2024, repartiendo más de dos millones de euros, de los que el próximo año se destinará 1.570.594 euros, con un 10% de aportación municipal. A todo ello se suman las obras plurianuales en cinco barrios, Aldea, Ines, Soto, Peñalba y Torraño con una inversión de 107.207 euros en cada anualidad.
Desde el PP, su portavoz, Vanessa Perdiguero, consideró que se debería haber destinado más partidas a los pueblos y se pidió que se vigilen los plazos de ejecución de las obras, puesto que algunas están condicionadas a las subvenciones y Raquel Lagunas, de la PPSO, consideró que estaba “bastante bien repartido” y agradeció los apoyos de otras entidades.
Por otro lado, la sesión plenaria también permitió que se aprobara por unanimidad de todos los concejales una moción conjunta sobre las granjas explotación porcino, para evitar la instalación de nuevas explotaciones que plantea “albergar miles de animales”, recordando que no se está en contra del sector sino de industrias de gigantescas dimensiones.
Durante la presentación de la moción se insistió en que preocupa el consumo de agua, los malos olores, el impacto visual, el efecto invernadero y los daños que la ganadería intensiva está provocando “un rechazo en la ciudadanía por las afecciones en la salud pública”, como señaló la alcaldesa sanestebeña, María Luisa Aguilera. A la vez, la regidora ribereña recordó que “estamos comprometidos con el reto demográfico, la salud de las personas, el medio ambiente, la sostenibilidad y el bienestar animal”, argumentando la moción en tres ejes: el compromiso del Ayuntamiento con el desarrollo los pueblos y el medio rural y con sistemas de gestión sostenible que contribuyan al equilibrio ambiental, social y económica, la ayuda que se prestará a las asociaciones o vecinos que se puedan ver afectados por las dos nuevas explotaciones ganaderas, prestando los servicios técnicos y jurídicos municipales, y en tercer lugar, instando a la Junta a revisar las declaraciones de impacto ambiental de manera conjunta.
Desde la oposición, aunque apoyaron esta moción, pidieron que se pueda realizar un estudio sobre el impacto de estas macrogranjas y también se pida a otras administraciones como Estado o CHD un cambio en la normativa para frenar este tipo de infraestructuras. Aguilera recordó la urgencia de esta moción, puesto que el día 3 de enero finaliza el plazo para presentar alegaciones, y explicó que actualmente habría hasta siete explotaciones agrícolas en el territorio, que habría que limitar, por lo que manifestó que “hay que ser más firmes a la hora de manifestar este agravio” e instó a los vecinos a que “rellenen las alegaciones y hagamos todo lo posible por oponernos”, en referencia a las cartas que están circulando por la localidad contra estos dos nuevos proyectos que afectarían a Villálvaro, Atauta y San Esteban de Gormaz.