Según el artículo de Milagros Hervada en Heraldo-Diario de Soria, la alcaldesa de San Esteban de Gormaz, María Luisa Aguilera, acusada de un delito de prevaricación urbanística omisiva por la Fiscalía, que solicita para ella dos años de cárcel, aseguró el viernes en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Soria que durante su mandato –ganó las elecciones en 2015– ha tratado «de poner un poco de orden» en la zona de las huertas de la localidad, donde se encuentra la construcción en suelo
rústico, objeto de la denuncia del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos que la ha sentado en el banquillo. «Hemos luchado para buscar soluciones», en esa zona y en otras porque «no es la única con deficiencias urbanísticas», señaló ante el juez y añadió que desconocía la existencia del expediente urbanístico concreto objeto de la polémica hasta que en los aparejadores presentaron la denuncia en 2016.
La alcaldesa, quien contestó sólo a las preguntas de su abogado, al igual que el otro acusado, el concejal de Urbanismo, Celestino Redondo, indicó que ese tipo de construcciones, sin licencia municipal y en suelo rústico, proliferan en todo el municipio y que «había que poner orden y resolver las demandas sociales », es decir, regularizar su legalidad. Y en ello han estado desde los últimos diez años en el Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz, incluida la anterior corporación dirigida por Millán Miguel, a la primera que Seprona de la Guardia Civil le reclamó información sobre la construcción objeto de polémica por no tener licencia.
Dicha edificación fue detectada ya en suelo rústico en 2010 y cuando la obra terminó ya contaba con vallado, antena de televisión y placas solares. Fue el Colegio de Aparejadores quien presentó la denuncia
al comprobar que la construcción, «más ostentosa» que el resto, como reconocieron los peritos en
el juicio, no había contado con sus servicios. Dichos peritos indicaron que ese tipo de construcción en suelo rústico es legalizable, y en ello trabaja el Ayuntamiento, inmerso en la elaboración de unas normas urbanísticas del municipio hace años.
Actualmente dichas normas ya están en fase de aprobación provisional, una vez resueltas todas las alegaciones presentadas. Como declaró la secretaria municipal, le requirieron informes al Ayuntamiento desde Seprona en 2010 sobre la situación de dicha construcción y otras próximas y la anterior corporación contestó. En 2016, tras la denuncia del Colegio de Aparejadores, el Ayuntamiento respondió
que se había propuesto el inicio del procedimiento para la restauración de la legalidad.
Las diferentes corporaciones han trabajado en elaborar unas normas urbanísticas, afirmó la secretaria,
que se han visto inmersas en complicaciones de tramitación y de personal, lo que ha llevado a que hayan pasado 11 años sin que el Ayuntamiento tenga los medios para legalizar las construcciones de las huertas, argumento que sostiene el fiscal para acusar a la alcaldesa y al concejal de Urbanismo, quien por otro lado no tenía capacidad «de firma», es decir, de decisión.