Las comunidades de regantes reciben un nuevo varapalo económico

Desde el canal de Ines y Olmillos recuerdan que únicamente precisan de electricidad para poner en funcionamiento las bombas con las que se eleva el agua, de mayo a septiembre, y que no pueden darse de baja tras este periodo, porque elevaría aún más los costes, viéndose obligadas a abonar una factura a Iberdrola, con un fuerte incremento del término fijo (el que más ha subido tras la reforma), mientras el gasto mínimo que ha crecido en torno a un 60% desde el pasado año.

El problema no es que las facturas de luz que pagan los agricultores se hayan incrementado en los últimos meses. Lo peor es que estos encarecimientos no han dejado de restar competitividad a las explotaciones desde 2008. El 1 de julio de ese año se daba carpetazo a la llamada tarifa para la agricultura, un precio especial del que disfrutaba el riego en respuesta a una política de mejora de eficiencia en el uso agrícola del agua.

El impacto de los costes energéticos en la factura de los agricultores no solo se explica por las constantes subidas del precio de la luz. Influyen también las peculiaridades de los contratos que se ven obligados a firmar con las comercializadoras y que se caracterizan por incluir una alta potencia contratada y un consumo muy desigual que varía notablemente según la época del año.

Desde el mes de agosto, última fecha en la que el Gobierno aplicó una nueva subida del precio de la luz para hacer frente al llamado déficit de tarifa, los agricultores ribereños han visto cómo sus costes energéticos se elevaban sustancialmente, siendo una nueva carga para el sector, como explican los propios agricultores.

Desde Olmillos, Nicolás Molinero explica que la subida ha sido muy elevada, ya en meses donde ni siquiera se usa la electricidad para el riego, como es octubre o noviembre, deben abonar facturas que rondan los 1.400 euros, en base a la fuerza contratada para cubrir sus necesidades en el periodo estival, cuando sus cultuvos precisan de riego.

Desde esta asociación agraria están estudiando la factura con detenimiento, observando la fuerza contratada “para intentar ahorrar algo de dinero”, y el estudio que han realizado les lleva a plantear la posibilidad de recalcular las horas de riego, para evitar la horas valle, que son las más caras, aprovechando para regar los sábados, fines de semana y utilizar el sistema de regadio de 12 a 8 de la mañana, cuando es más barato, reduciendo la contratación de fuerza para las horas centrales de lunes a viernes.

La solución, según reconocen desde Olmillos también pasa por asociarse, a través de Ferduero, de la que ya forman parte unas 40 comunidades de regantes de Castilla y León, y contratar con empresas distintas a Iberdrola la energía que precisan en conjunto, encontrando empresas que ofrecen mejores tarifas que se adaptan a las necesidades de los agricultores sorianos.

“Si lo suben más no sé que va a pasar”, explica Molinero, que coincide con Alberto Sanz, su compañero de riego al recordar que nadie avisó a los agricultores de la subida de la energía eléctrica y que se enteraron al recibir la factura, no dándoles opciones a buscar alternativas.

Sanz explica que en lugares como Langa de Duero, la factura mensual se ha incrementado hasta los 300 euros en meses “en que no se enciende una bombilla”, asegura en base a la vega de unas 90 hectáreas sobre la que cultiva este vecino langueño.

Por eso reivindican alternativas, entre ellas proponen que haya algo así como “un contrato temporal”, que les permite usar el servicio cinco meses, que son los que verdaderamente precisan de riego y después darse de baja para no tener que abonar el mínimo del término fijo, que ha encarecido su producción.

Para Sanz las eléctricas “hacen una hucha diaria sin gastar un kilowatio”, poniendo como ejemplo las 114 comunidades de regantes del entorno del Duero, que se han quedado indefensas ante esta subida, y a las que no les queda más alternativa “que mostrar nuestra disconformidad”.

Además, este agricultor que también pertenece al canal de Ines, de Salcedo y de Eza, explica que el IVA de la factura eléctrica no puede ser desgravado en la explotación agrícola, lo que supone también un fuerte gasto.

Por eso apuesta también por asociarse a través de Ferduero y crear “una central de compra”, que pueda negociar con otras eléctricas o recibir, como está sucediendo, contra ofertas de Iberdola, para que se estudien estas explotaciones de regadío y no tengan que abonar un término fijo tan elevado.

“No acabo de entender cómo se va a resolver”, explica Sanz, quien añade que el mundo del campo tiene otro problema abierto, porque “quieren que las comunidades de regantes paguen el IBI”, recordando que en la Confederación del Ebro ya han suprimido este impuesto y apostó por unirse para hacer mayor fuerza en la Administración. El modelo sigue siendo Aragón, donde ya han conseguido que la regulación de los pantanos no repercuta en los agricultores, sino que siga siendo el Estado el que pague este uso, como se estaba haciendo hasta ahora.